



Por: Cristina Ortíz de Montellano Nolasco
Las empresas de economía social son según los especialistas en el tema: “el conjunto de entidades no pertenecientes al sector público que, con funcionamiento y gestión democráticos e igualdad de derechos y deberes de los socios, practican un régimen especial de propiedad y distribución de las ganancias, empleando los excedentes de ejercicio para el crecimiento de la entidad y la mejora de los servicios a los socios y a la sociedad”
Este sector de empresas de economía social está conceptualizado como aquella parte de la economía integrada por organizaciones privadas que comparten entre sí cuatro características principales:
1.- Su finalidad es de servicios a sus miembros o a la colectividad antes que de lucro .
2.- Tienen una autonomía de gestión .
3.- Utilizan procesos de decisión democráticos .
4.- Buscan primacía de las personas y del trabajo sobre el capital en el reparto de las utilidades.
Una empresa de Economía Social tiene vocación de dar solución a problemas locales, tales como desempleo, exclusión o necesidad de ofrecer alternativas que reduzcan la emigración de las personas por ausencia de recursos económicos en su territorio.
Las empresas de Economía Social nacen con la unión de un grupo de personas que deciden fomentar el empleo en un área geográfica concreta y que, de otro modo, no existiría.
Territorialmente, la Economía Social estimula y aglutina las potencialidades personales, coordinando además recursos que colectiva más que individualmente, serán generadores de empresa, economía y riqueza.
La empresa de Economía Social está en el territorio de forma estructural, a diferencia de la empresa tradicional cuya presencia es coyuntural. Una empresa de economía social no se va del lugar donde ha nacido porque allí están sus creadores, la necesidad de producir riqueza y las personas a las que atender.
La rentabilidad no es un criterio que provoque movilidad empresarial, ya que las raíces locales la integran en el territorio. Son por tanto, agentes imprescindibles de desarrollo local.
Se trata de poner límites sociales al mercado capitalista y, si es posible, construir mercados donde los precios y las relaciones resultan de una matriz social que pretende la integración de todos con un esfuerzo y unos resultados distribuidos de manera más igualitaria.
Esta economía es social porque produce sociedad y no sólo utilidades económicas, porque genera valores de uso para satisfacer necesidades de los mismos productores o de sus comunidades –generalmente de base territorial, étnica, social o cultural- y no está orientada por la ganancia y la acumulación de capital sin límites.
Es economía social porque vuelve a unir producción y reproducción, al producir para satisfacer de manera más directa y mejor las necesidades acordadas como legítimas por la misma sociedad. Pero para ser socialmente eficiente no le alcanza con sostener relaciones de producción y reproducción de alta calidad. Su fundamento es, sin duda, el trabajo y el conocimiento encarnado en los trabajadores y sus sistemas de organización, pero la base material de la economía exige contar con medios de producción, crédito, tener sus propios mercados o competir en los mercados que arma el capital.
El actual y renovado interés por las fórmulas empresariales alternativas a las capitalistas y a las del sector público como pueden ser las cooperativas, las sociedades laborales, las mutualidades, o por las entidades no lucrativas como las asociaciones y las fundaciones, se deriva precisamente, de la creciente sospecha cuando no de la evidencia de que los sistemas clásicos de economía mixta, propios de nuestro entorno, se muestran incapaces para encontrar soluciones satisfactorias a problemas tan relevantes como el del desempleo, la exclusión social, el bienestar en el medio rural, la sanidad, la educación, la calidad de vida de la población jubilada, el crecimiento sostenible y otros. Se trata de necesidades sociales que no encuentran oferta suficiente o adecuada ni por los agentes privados de naturaleza capitalista ni por el sector público.

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
Artículo 37. Funciones de nivel superior.
1. Las funciones correspondientes al nivel superior son las siguientes:
a. Las funciones señaladas en el apartado 1 del artículo anterior, con excepción de la indicada en el párrafo h.
b. La realización de aquellas evaluaciones de riesgos cuyo desarrollo exija:
1. El establecimiento de una estrategia de medición para asegurar que los resultados obtenidos caracterizan efectivamente la situación que se valora, o
2. Una interpretación o aplicación no mecánica de los criterios de evaluación.
c. La formación e información de carácter general, a todos los niveles, y en las materias propias de su área de especialización.
d. La planificación de la acción preventiva a desarrollar en las situaciones en las que el control o reducción de los riesgos supone la realización de actividades diferentes, que implican la intervención de distintos especialistas.
e. La vigilancia y control de la salud de los trabajadores en los términos señalados en el apartado 3 de este artículo.
2. Para desempeñar las funciones relacionadas en el apartado anterior será preciso contar con una titulación universitaria oficial y poseer una formación mínima acreditada por una universidad con el contenido especificado en el programa a que se refiere el ANEXO VI, cuyo desarrollo tendrá una duración no inferior a seiscientas horas y una distribución horaria adecuada a cada proyecto formativo, respetando la establecida en el anexo citado.
Mire en su cartera y saque un billete. Lo más probable es que esté arrugado, sucio, o incluso tenga una esquina doblada o rota. Si es así, corra a su banco y cámbielo por uno nuevo, porque en sólo unos días perderá su valor. El 1 de enero de 2011, entrará en vigor una orden del Banco Central Europeo que obliga a todas las entidades financieras a retirar todos los billetes en mal estado que estén en circulación.
Billetes puros y auténticos
El propósito no es otro que conservar la pureza y, lo más importante, la autenticidad de los billetes que circulan por la UE. Sólo en el primer trimestre de este año, se interceptaron casi 400.000 billetes falsos en la eurozona, en su mayoría 20 y 50 euros. Para camuflarlos y mezclarlos con la moneda de curso legal, los falsificadores se aprovechan del mal estado de conservación del efectivo en la mayoría de los países donde opera la moneda única. Así que se acabó eso de coger el dinero de cualquier forma, arrugarlo o doblarlo en cuatro partes hasta que lo hacemos caber en el bolsillo pequeño del pantalón.
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Con la nueva normativa, los bancos deberán retirar los billetes que no cumplan esos requisitos mínimos de calidad y estarán obligados a distribuir billetes en buen estado y que hayan sido previamente autenticados. Para ello, las entidades financieras deberán comprobar el efectivo que mantiene intactos el hilo de seguridad, la banda holográfica, la marca de agua, la banda iridiscente, o la tinta de color variable.
Reciclaje para los billetes
La orden del Banco Central Europeo provocará que en los próximos meses cientos de miles de billetes dejen de tener valor. Sin embargo, la medida no supondrá un daño extra al medio ambiente, ya que no serán destruidos y sustituidos por otros nuevos, sino reciclados. Según la directiva europea, todos los bancos y cajas deberán o bien tener un dispositivo de reciclaje en la propia oficina o tramitar ese servicio con una empresa especializada, como Talaris, compañía líder del sector, que se deshace cada día de más de 500 millones de billetes defectuosos en todo el mundo.
El efectivo, un pago seguro
Sin embargo, y pese al cuidado que pone la UE con las falsificaciones, la probabilidad de ser víctima de una estafa con billetes es menor que al realizar un pago con una transacción electrónica, ya sea con tarjeta de crédito o Internet. De hecho, el dinero en efectivo continúa siendo el medio de pago más seguro y preferido por más de la mitad de los consumidores europeos.